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Contratos dudosos mandan destitución en Corrección

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El legislador popular Cirilo Tirado insistió ayer que las irregularidades en los procesos de subastas del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) son motivo suficiente para la destitución del secretario Erik Rolón.

El senador, asimismo, presentó una resolución que ordenaría a la Comisión de Seguridad Pública de ese cuerpo legislativo investigar los procesos de contratación mediante subastas en DCR y rendir un informe dentro de 90 días.

En la medida, Tirado menciona tres subastas adjudicadas, incluidas dos que han sido impugnadas por compañías cuyas propuestas fueron rechazadas.

El primero de esos contratos impugnados fue el que DCR otorgó a Carolina Catering Corporation por $300 millones para el suplido de alimentos y otros servicios a prestarse en el sistema correccional. Esta subasta está bajo reconsideración tras una orden del Tribunal Apelativo del pasado 15 de agosto, en respuesta a la demanda de la empresa Trinity Services, que salió derrotada del proceso de licitación aunque presentó una oferta más económica.

También, en pasados días, según la resolución, las compañías Tecore Network y Corrections.com protestaron el resultado de una subasta para instalar un sistema de bloqueo de llamadas telefónicas no autorizadas hacia y desde las cárceles, al tiempo que permite las legales.

Inicialmente, Tecore Network ganó esta subasta, para la que presentó la propuesta más económica, por $12.7 millones. Pero tras una reconsideración, en la que, presuntamente, se tomaron en cuenta elementos no incluidos en el aviso original de propuestas, el contrato fue a manos de Securus Technology, que cotizó por $17.7 millones.

Tirado también alude al contrato para instalar un sistema de llamadas para los reclusos, que logró en 2018 Global Tel Link. En 2014, esta compañía se vio involucrada en un esquema de fraude en el estado de Misisipi.

Según Tirado, este acuerdo contraviene el Código Anticorrupción (Ley 2-2018) firmado por el entonces gobernador Ricardo Rosselló, que impide al Gobierno contratar a entidades convictas por actos de corrupción.

“Hay unas situaciones que han ocurrido a lo largo y ancho de los dos años de desempeño de esta persona que nos obligan a denunciar públicamente la mala administración y los actos que llevan a la sospecha de corrupción pública dentro del departamento. La señora gobernadora (Wanda Vázquez) tiene que actuar y destituir a este señor (Rolón) antes de que siga con este tipo de subastas”, manifestó Tirado.