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Operación 26-E

Operación 26-E

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha aprobado las normas y el calendario que ordenan las elecciones parlamentarias del 26 de enero del 2020. De esa manera, siguen implementándose las medidas subsecuentes a la disolución constitucional del Parlamento dispuesta el pasado 30 de setiembre, a cargo de un órgano autónomo que debe realizar su respectiva interpretación constitucional al momento de adoptar sus decisiones.

Munir Abedrabbo

Es positivo que estas decisiones hayan sido consultadas o adoptadas luego de coordinaciones con la Oficina Nacional de Procesos Electorales ( ONPE ) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ( Reniec ), superando antiguas rencillas que dificultaban el trabajo del sistema electoral, más aún considerando el carácter especial de las elecciones del siguiente año. En esa misma dirección, es igualmente positivo que el JNE validara la participación en las elecciones de casi un millón de peruanos que sufragan en el exterior, expulsados del padrón electoral por el fujimorismo

Atendiendo al carácter especial de los comicios de enero, ha hecho bien el JNE en declarar la vigencia de la ley que incorpora al Código Penal el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, estableciendo penas de hasta ocho años de cárcel para el candidato que solicita o recibe aportes provenientes de fuentes legalmente prohibidas. En este caso, no se han ceñido a la regla de antigüedad de un año de la norma

No se entiende por lo mismo que esa misma actitud no se adoptara en el caso de la ley que regula la pérdida de inscripción de los partidos políticos por no participar en las elecciones, o aquella que dispone el 40% de la cuota de género. Son normas también promulgadas en agosto pasado, que forman parte de otros arreglos institucionales, pero que pudieron tener una vigencia parcial atendiendo a los principios de renovación democrática

Hasta antes de este acuerdo, era evidente que los 24 partidos inscritos legalmente estaban obligados a participar en las elecciones so pena de perder la inscripción. Al no regir la norma renovadora, varios grupos políticos, entre ellos los que pertenecían al Congreso disuelto, podrán abstenerse de participar, levantando el argumento del golpe de Estado, intentando bajarle la llanta al nuevo Congreso

Finalmente, el JNE debería ser explícito respecto a la reelección de los parlamentarios del Legislativo disuelto, considerando que tiene también una función orientadora, y no dejar la dilucidación de este asunto para la etapa de la presentación de las listas de candidatos