Política

Un conflicto social que debió evitarse

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Ahora bien, la exigencia de los grupos que se oponen a los cambios introducidos en la Asamblea Nacional en el paquete de reformas constitucionales, para que este sea vuelto a primer debate, desconoce la realidad del procedimiento escogido para llevar adelante la reforma, ya que este permite que todos los artículos aprobados en la primera Legislatura puedan ser debatidos y cambiados en la segunda Legislatura, por lo cual no se requiere que el documento baje nuevamente a primer debate.

En estas condiciones, es evidente que el proceso de cambio de la Constitución permite que participen desde ahora todos los interesados para presentar sus opiniones y cambios propuesto en la segunda Legislatura.

Desconocer lo actuado posiblemente retrasaría el referendum al que deberá ser sometido el paquete de cambios constitucionales hasta el 2021, lo que sometería al país a más de un año de incertidumbre, lo cual podría afectar negativamente el desempeño de la economía nacional y la generación de empleos, favoreciendo finalmente a aquellos sectores enquistados en la Asamblea Nacional de Diputados que no quieren que nada cambie

Tal como lo advertimos en la Edición 960, es evidente que la Asamblea Nacional de Diputados no ha comprendido el daño que hace a la institucionalidad del país su falta de conexión con la realidad nacional y las expectativas de los electores que le dieron su respaldo a los 71 diputados que conforman actualmente el Órgano Legislativo, algo que se hizo evidente debido a su intención utilizar las reformas constitucionales para profundizar sus privilegios y prerrogativas, en lugar de responder a las necesidades del país.

Por ello llamamos, en ese momento, a los diputados a reflexionar seriamente sobre el papel que están jugando y el malestar generalizado que sus actuaciones generan en la población, con el fin que hicieran de lado sus intereses particulares, en favor de darle al país las reformas constitucionales que exigen las nuevas realidades.

Pero como si fuese la crónica de una muerte anunciada, la aprobación del paquete de reformas constitucionales incluyendo una serie de cambios propuestos por algunos diputados generaron dos semanas de protestas que fueron protagonizadas por las asociaciones de estudiantes de las cinco universidades estatales, organizaciones de jubilados, gremios sindicales y organizaciones de la sociedad civil que dejaron más de 90 detenidos y cuantiosos daños materiales.

Más aún, pusieron en evidencia las diferencias de criterio sobre los cambios que requiere la Constitución entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Afortunadamente, la decisión del presidente de la República, Laurentino Cortizo y del presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, Marcos Castillero, de sostener un diálogo abierto y transparente con los jóvenes estudiantes y las agrupaciones que se oponen al paquete de reformas aprobado por el pleno legislativo ha abierto un camino para canalizar el malestar ciudadano hacia la presentación de propuestas que permitan mejorar el contenido de las mismas, en el camino de limitar los privilegios de los miembros del Órgano Legislativo, facilitar la lucha contra la corrupción y garantizar el respeto a los Derechos Humanos de todos los panameños, sin distinción alguna.

Ahora bien, la exigencia de los grupos que se oponen a los cambios introducidos en la Asamblea Nacional en el paquete de reformas constitucionales, para que este sea vuelto a primer debate, desconoce la realidad del procedimiento escogido para llevar adelante la reforma, ya que este permite que todos los artículos aprobados en la primera Legislatura puedan ser debatidos y cambiados en la segunda Legislatura, por lo cual no se requiere que el documento baje nuevamente a primer debate.

En estas condiciones, es evidente que el proceso de cambio de la Constitución permite que participen desde ahora todos los interesados para presentar sus opiniones y cambios propuesto en la segunda Legislatura.

Desconocer lo actuado posiblemente retrasaría el referendum al que deberá ser sometido el paquete de cambios constitucionales hasta el 2021, lo que sometería al país a más de un año de incertidumbre, lo cual podría afectar negativamente el desempeño de la economía nacional y la generación de empleos, favoreciendo finalmente a aquellos sectores enquistados en la Asamblea Nacional de Diputados que no quieren que nada cambie.

Además, debemos recordar que los panameños deben comprender que la función fundamental de una Constitución no es regularlo todo, sino establecer los lineamientos básicos sobre el cual los panameños queremos desarrollarnos como sociedad y sobre todo limitar el poder del gobernante garantizando a todos los ciudadanos la igualdad ante la ley, el respeto a los derechos humanos y un sistema de justicia honesto y eficaz.

Aún estamos a tiempo de evitar que este tema nos lleve a un conflicto social como el que están viviendo otros países de la región como Chile, Ecuador o Bolivia, donde tras décadas de corrupción, impunidad y frustraciones, los ciudadanos han optado por manifestarse violentamente en las calles, con graves consecuencias.

Se debe privilegiar el diálogo y la propuesta por sobre la protesta y la violencia, estableciendo mecanismos que nos permitan construir una Carta Magna que nos permita a los panameños construir un país más justo y equitativo, que establezca las reglas del juego para consolidar una economía estable y en crecimiento que se traduzca en una mejor calidad vida para todos los ciudadanos.