Participación de bancos privados y triangulaciones opacas
El informe también involucra a bancos privados venezolanos como Bancamiga, Banco Plaza y Banco Activo, los cuales habrían facilitado recargas mensuales de hasta 100.000 USDC en efectivo sin trazabilidad ni control sobre los beneficiarios.
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Un informe reveló que el régimen de Maduro desvió miles de millones en criptomonedas para evadir sanciones internacionales
Caracas, 3 de noviembre de 2025. — Un informe de la organización Transparencia Venezuela reveló que el régimen de Nicolás Maduro utilizó las criptomonedas como mecanismo para evadir sanciones internacionales y blanquear fondos públicos mediante triangulaciones financieras opacas, plataformas digitales y el uso de stablecoins.
El reporte detalla una compleja red de operaciones en la que participaron altos funcionarios del chavismo, bancos privados y empresas tecnológicas que operan bajo protección estatal. Según la investigación, entre 2017 y 2025 se desviaron miles de millones de dólares mediante un sistema criptográfico controlado por el propio régimen, que fue presentado falsamente como un modelo de “soberanía digital”.
La trama PDVSA–Cripto y el uso del Petro como fachada
De acuerdo con el informe, la llamada “trama PDVSA–Cripto”, dirigida por el ex vicepresidente y ex ministro de Petróleo Tareck El Aissami —actualmente detenido— y el ex superintendente de criptoactivos Joselit Ramírez, habría facilitado el desfalco de al menos 16.950 millones de dólares a través de operaciones ilegales vinculadas con la venta de petróleo mediante criptomonedas.
El sistema se apoyó en estructuras institucionales como la Sunacrip, la Tesorería de Criptoactivos y plataformas de minería controladas directamente por el chavismo. Estas instancias fueron utilizadas para canalizar fondos públicos, eludir auditorías y mantener el control absoluto sobre las transacciones financieras fuera del alcance internacional.
El informe destaca que el Petro nunca funcionó como una criptomoneda descentralizada, sino como una herramienta política y de control financiero, manipulada para facilitar operaciones cambiarias y petroleras al margen de la supervisión fiscal.
Del fracaso del Petro al uso de stablecoins
Tras el colapso del Petro en 2024, el régimen lanzó una nueva fase basada en el uso de stablecoins como USDC y USDT, aprovechando la participación de empresas privadas con licencias estatales, entre ellas Kontigo y Crixto Pay.
Estas plataformas manejan millones de dólares en transacciones mensuales sin controles efectivos de origen ni verificación de identidad, lo que ha permitido el arbitraje cambiario y la conversión de fondos ilícitos en divisas de curso internacional. Según Transparencia Venezuela, este esquema reproduce el patrón del antiguo dólar preferencial, ahora enmascarado bajo tecnología blockchain.
Participación de bancos privados y triangulaciones opacas
El informe también involucra a bancos privados venezolanos como Bancamiga, Banco Plaza y Banco Activo, los cuales habrían facilitado recargas mensuales de hasta 100.000 USDC en efectivo sin trazabilidad ni control sobre los beneficiarios.
Estas triangulaciones permiten canalizar recursos públicos hacia operadores privados, quienes luego convierten los fondos en activos digitales que pueden ser transferidos sin supervisión internacional, consolidando un circuito de lavado de dinero institucionalizado.
Corrupción digitalizada bajo el chavismo
Transparencia Venezuela advierte que, lejos de representar un modelo de modernización financiera, el sistema de criptomonedas del régimen constituye una nueva etapa de corrupción sistémica, que perpetúa la impunidad y el desvío de rentas petroleras bajo un discurso tecnológico.
“La reinvención del sistema financiero venezolano bajo el chavismo no es más que una actualización digital de los viejos mecanismos de saqueo estatal”, señala el documento.
La organización exhortó a la comunidad internacional a reforzar los controles sobre las operaciones venezolanas en criptomonedas y a exigir transparencia real en el manejo de activos digitales, con el fin de frenar su uso como herramienta de evasión y financiamiento irregular.
